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NUEVOS CRITERIOS NORMATIVOS Y SUSTATIVOS EMITIDOS POR LA PRODECON

Fecha de elaboración: 26/10/2016

Producto de la Octava Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Normatividad, celebrada el 7 de octubre de 2016, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente da a conocer los criterios normativos y sustantivos emitidos por las diversas subprocuradurías, mismos que aquí les compartimos.


SUBPROCURADURÍA DE ANÁLISIS SISTÉMICO Y ESTUDIOS NORMATIVOS:


17/2016/CTN/CS-SASEN


DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS. LOS ARTÍCULOS 55 Y 59 DEL CFF QUE LA PREVÉN, ESTABLECEN SUPUESTOS DIVERSOS. Si bien los artículos 55 y 59 del Código Fiscal de la Federación (CFF) establecen dos supuestos para determinar de manera presuntiva, entre otros conceptos, el monto de los ingresos de un contribuyente, lo cierto es que ambos resultan ser distintos entre sí. En opinión de este ombudsman, el primer artículo faculta a la autoridad a realizar una presuntiva de ingresos cuando por causas atribuibles al contribuyente, las autoridades se ven impedidas para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales por el periodo sujeto a revisión; en este caso, la autoridad procederá a corregir o construir los registros contables a partir de información que obre en poder del propio contribuyente o de terceros y la que haya recabado en el ejercicio de sus facultades de comprobación de donde derivará el monto de los ingresos por los que se deben pagar contribuciones. Por otra parte, el segundo artículo se actualiza cuando entre otros supuestos, la autoridad revisora identifica depósitos bancarios que no corresponden a los registrados en la contabilidad del contribuyente y ante la ausencia de documentación soporte los considera ingresos por los que se deben pagar contribuciones. Es decir, a diferencia del primer supuesto, en este segundo caso se parte de base cierta, ya que se trata de operaciones advertidas en registros o sistemas contables del contribuyente. En consecuencia, siendo que dichos procedimientos parten de supuestos distintos para definir los ingresos por los que se deben pagar contribuciones, se estima que las autoridades fiscales pueden emplear cualquiera de éstos de manera autónoma, dependiendo del supuesto en que se ubique el contribuyente auditado.



Subprocuraduría de protección de los derechos de los contribuyentes


14/2016/CTN/CS-SPDC


PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE). NO ES OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ACREDITAR LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN PARA QUE SE SUSPENDA. El artículo 144 del Código Fiscal de la Federación (CFF) prohíbe expresamente ejecutar un crédito fiscal cuando se acredite su impugnación. Sin embargo, tal disposición no debe interpretarse en el sentido de que el contribuyente tiene la obligación de demostrar ante la autoridad ejecutora que interpuso recurso de revocación para evitar que se ejecute el crédito fiscal, sino que corresponde a dicha autoridad, antes de iniciar el PAE y en pro de las mejores prácticas administrativas, cerciorarse de que efectivamente el crédito materia de ejecución no se encuentre impugnado vía recurso de revocación y no trasladar al contribuyente esa carga.


15/2016/CTN/CS-SPDC


PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN (PAE). LA AUTORIDAD DEBE DEJARLO SIN EFECTOS SI EN LA QUEJA SE DEMUESTRA QUE EL CRÉDITO FISCAL ESTÁ IMPUGNADO MEDIANTE RECURSO DE REVOCACIÓN. Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación (CFF), la interposición del recurso de revocación produce dos efectos: i) que no se esté obligado a garantizar el crédito impugnado mientras el recurso se haya presentado en tiempo y forma y no sea resuelto y ii) que se suspenda el PAE al no producirse la exigibilidad del crédito. En ese sentido, si durante el trámite de la queja la autoridad ejecutora conoce que se interpuso recurso de revocación en contra del crédito cuyo pago exigió y que el mismo se encuentra en trámite, aquélla no puede sostener la legalidad de sus actos con el argumento de que al momento de llevarlos a cabo, el quejoso no hizo de su conocimiento la existencia de dicho recurso ya que aún en el supuesto de que así hubiera sido no puede continuar violando los derechos del contribuyente al haberse demostrado claramente la improcedencia de su acto de cobro, resultando además inaceptable que so pretexto de una supuesta incompetencia para revocar sus propios actos, se niegue a dejar sin efectos el embargo que practicó ya que estaría inobservando lo dispuesto por el artículo 1° constitucional que establece la obligación de todas las autoridades de procurar, al aplicar las normas legales, la protección más amplia de los derechos fundamentales de los gobernados.


17/2016/CTN/CS-SPDC


SELLO DIGITAL. DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO EN FACULTADES DE COMPROBACIÓN, ES ILEGAL BASADO EN EL HECHO DE QUE EL CONTRIBUYENTE AL QUE SE LE ATRIBUYE HABER DEDUCIDO OPERACIONES COMO SIMULADAS, SE UBICÓ EN EL SUPUESTO DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (CFF). El artículo 17-H, fracción X,  inciso c) del CFF, prevé la cancelación de los certificados de sello digital (CSD) durante el ejercicio de facultades de comprobación únicamente cuando se actualice alguno de los supuestos previstos en dicho inciso, es decir, cuando el contribuyente no puede ser localizado, desaparezca, o bien, se conozca que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas -en este último supuesto, el emisor debe haber sido publicado en el listado definitivo a que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo, del CFF-. En relación con lo anterior, el último párrafo del artículo 69-B del CFF, señala que si la autoridad en uso de sus facultades de comprobación detecta que una persona física o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio, adquisición de los bienes o no corrigió su situación fiscal, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. En esa tesitura, si una empresa a la que se le atribuye haber deducido operaciones declaradas como simuladas está siendo sujeta a facultades de comprobación, a juicio de este ombudsman fiscal, no es procedente que la autoridad cancele el CSD del contribuyente sujeto a revisión bajo el argumento de que éste utilizó los citados comprobantes, ya que dicha medida se encuentra dirigida al emisor de éstos y no así a su receptor.


18/2016/CTN/CS-SPDC


VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. ES INDEBIDO QUE LA AUTORIDAD COORDINADA DESCONOZCA LA CONSTANCIA QUE AVALA SU REGULARIZACIÓN Y EXIJA QUE SE ACREDITE SU LEGAL ESTANCIA EN TÉRMINOS DE LA LEY ADUANERA. La Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y su Reglamento publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo y 6 de abril de 2001, respectivamente, tuvieron por objeto otorgar una facilidad administrativa a los propietarios de ese tipo de vehículos con la finalidad de que fueran regularizados para permanecer legalmente en el país de manera indefinida. Por tanto, en opinión del ombudsman fiscal resulta indebido que la autoridad coordinada embargue el vehículo regularizado y determine un crédito fiscal desconociendo la constancia de inscripción expedida por la propia autoridad coordinada conforme a la ley y reglamento citados, pretendiendo que el poseedor del vehículo acredite su legal estancia mediante alguno de los documentos señalados en el artículo 146 de la Ley Aduanera, pues aquéllos ordenamientos no establecían que para la regularización de ese tipo de vehículos fuese obligatorio tramitar el despacho aduanero o someterlos a algún otro procedimiento adicional.



SUBPROCURADURÍA DE ASESORÍA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE


3/2016/CTN/CS-SADC


ARRENDAMIENTO, PAGOS PROVISIONALES. SUPUESTO EN EL QUE SE PODRÁN REALIZAR TRIMESTRALMENTE AL OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES. En términos del artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes que obtengan ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles efectuarán pagos provisionales mensuales o trimestrales, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago; los contribuyentes que podrán realizar el pago en forma trimestral serán aquellos que únicamente obtengan estos ingresos y cuyo monto mensual no exceda de 10 unidades de medida y actualización (UMAS) mensuales. De dicha norma, en opinión de esta procuraduría, debe interpretarse que los ingresos a considerar para determinar la periodicidad de los pagos provisionales son los pactados a cobrarse de manera mensual por el arrendador en el contrato o contratos respectivos, independientemente de que por alguna circunstancia el arrendatario realice pagos en una sola exhibición correspondientes a diversos meses del ejercicio.