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PRODECON: Sugerencia al SAT ante ausencia de normatividad para que las personas físicas dejen de tributar en el RIF

Fecha de elaboración: 13/10/2015

Con la finalidad de otorgar certeza jurídica a los contribuyentes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ha realizado una sugerencia al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a efectos de que emita una regla de carácter general, lineamiento o criterio que regule de manera clara y precisa, la forma en que deben cumplir con sus obligaciones fiscales los contribuyentes que dejen de tributar en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), de conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.


Recordemos que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 111 de la Ley de ISR, los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el ISR conforme al Régimen de Incorporación Fiscal, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior, no hubieran excedido la cantidad de 2 millones de pesos.

Estos contribuyentes deben calcular y enterar el impuesto en forma bimestral, el cual tiene el carácter de pago definitivo, de acuerdo con lo establecido en el quinto párrafo del mismo precepto.


Ahora bien, el artículo 112 de la misma Ley señala que el contribuyente dejará de tributar en el RIF cuando los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el período transcurrido desde el inicio del ejercicio y hasta el mes de que se trate excedan de los 2 millones de pesos, así como también cuando no se presente en el plazo establecido la declaración bimestral dos veces en forma consecutiva o en cinco ocasiones durante 6 años, y deberá tributar en los términos del Régimen General que regula el Título IV de la Ley de ISRa partir del día siguiente a aquél en que excedió el monto citado, así como a partir del día siguiente a aquél en que se debió presentar la información, respectivamente, sin embargo, no se estipula la manera en que deberá cumplir con sus obligaciones en el ejercicio en que deje de tributar en el mencionado Régimen de Incorporación Fiscal.


Cabe destacar que entre la reglas de Resolución Miscelánea Fiscal 2015 no existe alguna que aborde este tema o resuelva la incertidumbre jurídica de aquellos contribuyentes que por alguna de las causas mencionadas dejen de tributar en el RIF.


La PRODECON ejemplifica esta situación de la siguiente manera: si un contribuyente del RIF acumula ingresos por $2´500,000.00 en el mes de septiembre de 2015


  • ¿Qué tratamiento se le deberá dar a éstos el mes siguiente?
  • ¿Deberá tributar conforme al RIF por el total?
  • ¿Tendrá que tributar únicamente por el excedente conforme al régimen que le corresponda?
  • ¿Deberá tributar en el régimen que le corresponda por el total de ingresos percibidos en el ejercicio de que se trate?


Evidentemente no existe disposición expresa en la Ley del ISR ni en ningún otro ordenamiento que despeje estas interrogantes, e indudablemente tampoco la normatividad del SAT tiene definida la forma en que los contribuyentes que abandonen el RIF deben cumplir con sus obligaciones fiscales una vez que se ubiquen en alguno de los supuestos antes comentados y ya no les sea posible tributar dentro de ese esquema, dejándolos en un completo estado de inseguridad e incertidumbre jurídica.


Por tal razón, y atendiendo a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1ª/J. 139/2012 (10ª), es necesario que la autoridad establezca el procedimiento a seguir por los contribuyentes en comento al cambiar de un régimen a otro, lo cual implica, entre otras cosas, pasar de declaraciones bimestrales a mensuales y de pagos definitivos a provisionales.


SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA, EN QUÉ CONSISTE. La primera Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En este sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, en producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho".


1ª/J. 139/2012 (10ª) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, T.I. enero 2013, p.437


Fundamento legal:

Artículos 111 y 112 de la LISR, tesis 1ª/J. 139/2012 (10ª) de la SCJN